Eventos Cocina para ti Hacienda retrasa a 2027 la entrada en vigor de VeriFactu y da un año más de margen a pymes y autónomos
19/01/2026
La Agencia Tributaria ha anunciado un retraso de un año en la implantación obligatoria de VeriFactu, el sistema de facturación electrónica diseñado para garantizar la trazabilidad y autenticidad de todas las facturas emitidas en España. Así, las empresas sujetas al Impuesto sobre Sociedades deberán adoptarlo a partir del 1 de enero de 2027, mientras que autónomos y pymes lo harán desde el 1 de julio del mismo año.
El Gobierno ha aprobado en Consejo de Ministros un decreto-ley que retrasa un año la implantación obligatoria de VeriFactu, el sistema de registro y envío seguro de facturas que forma parte de la Ley 11/2021 contra el fraude fiscal. La medida afecta a millones de empresas, pymes y autónomos que estaban preparándose para el despliegue previsto inicialmente para 2026.
VeriFactu tiene como objetivo combatir la manipulación de facturas y el fraude en caja mediante un software certificado capaz de generar facturas con identificadores únicos, firma digital y código QR, dejando un registro inalterable de cada operación. El sistema permitirá a Hacienda recibir —de manera inmediata o diferida, según el tipo de negocio— información verificable y protegida contra modificaciones.
Pese a los beneficios anunciados, la realidad empresarial ha pesado en la decisión del Ejecutivo. Según datos recientes, solo alrededor del 8 % de pymes y autónomos habían implementado ya el sistema, y un 15 % se encontraba en proceso de adaptación, cifras consideradas insuficientes a apenas un año de la entrada en vigor. Esta falta de preparación se suma a las quejas de numerosos sectores, que alertaban de costes adicionales, dificultades técnicas y una carga burocrática elevada.
La moratoria ha sido recibida con alivio por gran parte del tejido empresarial, especialmente por las micropymes y profesionales liberales, que ven en el aplazamiento una oportunidad para adaptar sus herramientas de facturación con más garantías. Sin embargo, otros agentes advierten del riesgo de seguir aplazando una medida considerada clave para reforzar la lucha contra el fraude fiscal.
Con el nuevo calendario, Hacienda confía en que el sector tecnológico disponga de tiempo suficiente para certificar el software y que los negocios puedan asumir la transición sin sobresaltos. Mientras tanto, la Agencia Tributaria mantiene la recomendación de que empresas y autónomos se adelanten al proceso para evitar colapsos de última hora.
El Gobierno ha aprobado en Consejo de Ministros un decreto-ley que retrasa un año la implantación obligatoria de VeriFactu, el sistema de registro y envío seguro de facturas que forma parte de la Ley 11/2021 contra el fraude fiscal. La medida afecta a millones de empresas, pymes y autónomos que estaban preparándose para el despliegue previsto inicialmente para 2026.
VeriFactu tiene como objetivo combatir la manipulación de facturas y el fraude en caja mediante un software certificado capaz de generar facturas con identificadores únicos, firma digital y código QR, dejando un registro inalterable de cada operación. El sistema permitirá a Hacienda recibir —de manera inmediata o diferida, según el tipo de negocio— información verificable y protegida contra modificaciones.
Pese a los beneficios anunciados, la realidad empresarial ha pesado en la decisión del Ejecutivo. Según datos recientes, solo alrededor del 8 % de pymes y autónomos habían implementado ya el sistema, y un 15 % se encontraba en proceso de adaptación, cifras consideradas insuficientes a apenas un año de la entrada en vigor. Esta falta de preparación se suma a las quejas de numerosos sectores, que alertaban de costes adicionales, dificultades técnicas y una carga burocrática elevada.
La moratoria ha sido recibida con alivio por gran parte del tejido empresarial, especialmente por las micropymes y profesionales liberales, que ven en el aplazamiento una oportunidad para adaptar sus herramientas de facturación con más garantías. Sin embargo, otros agentes advierten del riesgo de seguir aplazando una medida considerada clave para reforzar la lucha contra el fraude fiscal.
Con el nuevo calendario, Hacienda confía en que el sector tecnológico disponga de tiempo suficiente para certificar el software y que los negocios puedan asumir la transición sin sobresaltos. Mientras tanto, la Agencia Tributaria mantiene la recomendación de que empresas y autónomos se adelanten al proceso para evitar colapsos de última hora.